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La inclusión laboral de personas con discapacidad significa un reto que va más allá de cubrir cuotas



· “El cumplimiento a la Ley requiere de una seria planeación comprometida por parte de las empresas”: Enrique Castro Septién, presidente del Comité Nacional de Responsabilidad Social de index.

· “La Ley significa una apertura y una oportunidad para que las organizaciones implementen estrategias corporativas de Derecho Laboral”: Marco A. Bracho, Centro de Capacitación y Talento Empresarial (CCTE).


El Comité Nacional de Responsabilidad Social de index presentó en su primera sesión de este año, un análisis sobre la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad recientemente aprobada, y la situación que guardan otras áreas de la agenda legislativa en temas comunes.


La Ley enuncia entre otras obligaciones “contratar por lo menos a una persona con discapacidad por cada veinte trabajadores empleados, con todas las prestaciones de ley correspondientes, en entornos laborales inclusivos, accesibles y en condiciones de igualdad con los demás trabajadores”.


Enrique Castro Septién, presidente del Comité Nacional de Responsabilidad Social de index, explicó que la aprobación de esta Ley va más allá de un ejercicio de cuotas de reclutamiento de personal, “para su cumplimiento se requiere de una seria planeación comprometida por parte de las empresas” señaló para introducir la sesión, y darle la palabra a Marco A. Bracho, director del Centro de Capacitación y Talento Empresarial (CCTE).


Marco A. Bracho inició su exposición haciendo un resumen sobre el estado que guarda el tema de inclusión laboral para personas con discapacidad en el país en una trayectoria que se advertía desde hace 14 años a partir de los compromisos adoptados por el país ante la ONU.


En esta trayectoria, hoy en México existe El Movimiento de Personas con Discapacidad que proviene de la sociedad civil organizada. Se trata de una organización ampliamente consolidada, con representaciones en la República y que mantiene demandas y programas muy puntuales para que gobiernos y empresas cumplan con políticas de inclusión y no discriminación; a este escenario le siguen las disposiciones en la Reforma Laboral de 2019. “En este recorrido, la mayoría de las industrias han ignorado esta tendencia, y las que tienen previsiones para el tema, están escasamente preparadas para asumir los retos que propone la Ley”, dijo.


Entre los aspectos que tendrán que observarse sobre el cumplimiento a la Ley se encuentran las sanciones por discriminación directa o indirecta. La primera se refiere a un conflicto evidente sobre el trato menos favorable hacia la persona; la segunda puede derivarse de la aplicación de un criterio de trato neutral que termina siendo discriminatorio, es decir que se violenta la Ley de manera involuntaria.


Marco A. Bracho recomendó una ruta crítica a seguir por parte de las industrias para cumplir a cabalidad con la nueva Ley.


1) Implementar un sistema como parte de una estrategia corporativa.

2) Delimitar su programa de reclutamiento a través de una política interinstitucional sustentada en un modelo social.

3) Mantener un programa de formación a través de la capacitación continua a su personal interno y a sus candidatos.


“La Ley significa la apertura y la oportunidad para que las organizaciones implementen estrategias corporativas de Derecho Laboral, y desechar prácticas de simulación inclusivas que profundizan más los efectos de la discriminación”, concluyó el experto en temas de inclusión.

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